Así lo consideró el procurador general, Jean Alain Rodríguez, al referirse al fallo del tribunal que sancionó con penas de cinco y seis años de prisión a una banda que operaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Rodríguez destacó las diligencias que realiza el Ministerio Público en los diferentes casos de corrupción detectados en el país para reunir pruebas que aseguren la obtención de una sanción en proporción a la actividad ilícita cometida.
La lucha contra la corrupción en la República Dominicana es indetenible y se trabaja de manera firme para dar respuesta a cada caso, en cumplimiento del compromiso asumido con la sociedad, de que todo hecho de esta naturaleza sea sancionado, añadió.
En ese sentido resaltó la labor de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y su titular Laura Guerrero Pelletier que logró demostrar que ese grupo incurrió en extorsión, asociación de malhechores y otros delitos.
La víspera un tribunal capitalino condenó a Alejandro Isidoro de los Santos, Joel Soriano Fabián, Ernesto Romero y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.
Una de las víctimas de esa red, el arquitecto David Rodríguez García, se suicidó en el año 2015 de un disparo en un baño la entidad gubernamental Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) lo que generó un escándalo de grandes proporciones.
El grupo prestaba dinero a contratistas empeñados en adelantar en el plan gubernamental de construcción de escuelas y luego los endeudaban y extorsionaban impidiéndoles que avanzaran en las obras lo cual llevó a algunas víctimas a la desesperación.
