Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, exhortó hoy al gobierno dominicano a asumir con voluntad y apremio la gestión apropiada de los residuos sólidos, un problema que calificó como “grave”.
Moreno sostuvo que el manejo adecuado de los residuos sólidos, un problema ambiental y de salud pública en el país, ha sido postergado de manera “irresponsable”.
Criticó que se otorguen nuevos plazos a empresas y gobiernos locales como un mecanismo para evadir el cumplimiento de la ley.
Moreno alertó que esta práctica ocasiona la contaminación de ríos, playas y otros recursos naturales vitales para la vida y el desarrollo sostenible del país.
Señaló que no se trata solo de hacer cumplir la ley, sino de legislar de forma permanente para una gestión sostenible y eficiente de los residuos sólidos.
Además, advirtió sobre la presión que ejercen sectores económicos que priorizan sus intereses por encima del bienestar colectivo.
Manifestó que cumplir con la ley de residuos sólidos “no es una carga, es una responsabilidad con el medio ambiente y con la vida humana”, y calificó este deber como un compromiso con las generaciones futuras.
Uno de los principales desafíos en la gestión ambiental lo constituye en la actualidad el manejo de estos materiales, a fin de darles el destino más conveniente según sus características y sin arriesgar la salud humana.
En la actualidad el Congreso discute el proyecto que modifica la Ley No. 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el cual contempla el aumento de la contribución especial para su manejo.
Al respecto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) apostó a una Reforma que fortalezca el Desarrollo Local y la Competitividad.
Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político y vocero del bloque de diputados del PLD, sostuvo que el país necesita fortalecer su modelo de gestión integral de residuos sólidos, así como ampliar la inversión pública en los municipios y enfrentar la contaminación ambiental.
Indicó que tal y como se aprobó en el Senado, el proyecto eleva de manera desproporcionada las contribuciones que las empresas deben pagar por el tratamiento de los mismos, sin un estudio previo de su tamaño, el rubro o la capacidad de innovación ambiental de las mismas.
