Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Senado de República Dominicana aprobó hoy en segunda lectura un proyecto de ley orientado a establecer un marco nacional para la prevención de enfermedades mediante la vacunación, iniciativa que será enviada a la Cámara de Diputados.
De recibir el respaldo de los diputados, la propuesta pasaría al Poder Ejecutivo para los trámites correspondientes antes de su eventual promulgación.
El proyecto establece responsabilidades para la población en relación con la actualización de su esquema de inmunización y el acceso a los inyectables previstos de acuerdo con la edad y las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias.
Aunque el texto no emplea el término «obligación», el artículo 14 señala que quienes residan en el territorio nacional son corresponsables con el Estado de mantener actualizado su historial de inmunización.
La disposición contempla que quienes ejerzan la tutela de menores de edad o de personas que no puedan tomar decisiones por sí mismas deberán procurar que estas reciban las dosis establecidas.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, el artículo 23 refiere que padres y representantes legales tienen el compromiso de garantizar el cumplimiento del esquema.
La iniciativa vincula ese encargo con el artículo 61 de la Constitución, relativo al derecho a la salud integral y al deber estatal de proteger el bienestar de la población.
La propuesta también asigna responsabilidades a los centros que tengan bajo su cuidado a menores de edad, y dispone que el personal de salud de los sectores público y privado deberá participar en jornadas, campañas y operativos de vacunación.
El Estado deberá garantizar gratuitamente los preparados vacunales dentro del sistema público, mientras que cuando sean administrados en establecimientos privados los costos serán asumidos por los usuarios.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social conservaría la responsabilidad de definir y ejecutar la política nacional de vacunación.
El proyecto contempla además sanciones penales para quienes incurran en irregularidades relacionadas con los recursos y procedimientos.
