Por Prensa Latina
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las huelgas, movilizaciones comunitarias, protestas estudiantiles y del magisterio dominicano reflejan hoy una creciente inconformidad social en San Francisco de Macorís, donde diversos sectores reclaman soluciones a problemas económicos, educativos y de servicios públicos.
Una información publicada por el medio dominicano Vértice Crítico señala que, más allá de las particularidades de cada demanda, las manifestaciones coinciden en el reclamo de respuestas institucionales a necesidades que afectan las condiciones de vida de la población.
Recuerda que la huelga de 48 horas realizada los días 19 y 20 de octubre, convocada por el Colectivo de Organizaciones Populares junto a entidades estudiantiles y campesinas, puso de manifiesto ese malestar.
Sin embargo, las manifestaciones continuaron después de concluida la paralización, lo que evidencia que las causas del descontento permanecen.
De acuerdo con Vértice Crítico, las razones de la inconformidad trascienden los problemas municipales y se relacionan con la situación económica dominicana, marcada por el encarecimiento de los alimentos, los combustibles, el transporte y otros bienes esenciales.
A ello se agregan las facturas eléctricas elevadas, los apagones y una presión tributaria que muchos ciudadanos consideran desproporcionada frente a sus ingresos.
La publicación señala como una contradicción de la política económica el uso de la inflación para justificar aumentos tributarios, mientras los salarios permanecen rezagados.
En ese sentido, refiere que la Dirección General de Impuestos Internos justificó el incremento del impuesto de circulación vehicular tomando como referencia una inflación acumulada del 58,1 por ciento entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026.
Sin embargo, ese criterio no se ha aplicado de igual manera para garantizar una recuperación equivalente del poder adquisitivo de los trabajadores.
Según el artículo, un salario congelado durante esos diez años habría perdido aproximadamente el 36,75 por ciento de su capacidad de compra.
El servicio eléctrico constituye otra preocupación. Aunque las autoridades sostienen que la tarifa regulada permanece congelada desde 2022, las organizaciones populares denuncian facturas elevadas y apagones frecuentes.
Para las familias, pagar por un servicio costoso e irregular representa una doble carga, mientras que para los pequeños negocios significa gastos adicionales y posibles pérdidas económicas. Los precios de los combustibles también repercuten en el transporte, la producción y la distribución de mercancías, encareciendo numerosos bienes y servicios.
Otro problema sensible es la falta de agua potable. Residentes de Los Rieles, Hermanas Mirabal, Villa Olímpica, Los Maestros y otros sectores denuncian interrupciones prolongadas del suministro.
En el ámbito educativo, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha desarrollado protestas por el deterioro de centros escolares, filtraciones, problemas estructurales y retrasos en las reparaciones.
A este escenario se suman estudiantes de la Fuerza Juvenil Dominicana (FJD) y de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER), cuya Dirección Municipal difundió el 4 de noviembre un documento titulado «San Francisco de Macorís, una ciudad sin dolientes».
La organización cuestiona las necesidades comunitarias desatendidas, las condiciones educativas y la falta de recursos económicos.
San Francisco de Macorís posee una importante tradición de participación social, considerable actividad económica y representación política en distintos niveles del Estado.
En ese contexto, la publicación plantea interrogantes sobre la capacidad de esa representación para articular respuestas proporcionales a las necesidades de las comunidades.
